Hace unos años, teníamos en Barcelona un negocio de compra y venta de automóviles. Vendíamos coches nuevos y usados que recibíamos de nuestros clientes como parte de pago, y cuyo valor se acordaba conforme a los precios del mercado y a las reparaciones necesarias para venderlo. Este proceso tomaba tiempo hasta que se vendía y se cambiaba el título de propiedad a nombre del nuevo comprador.
Un día, unos amigos vinieron a comprar un coche nuevo y nos dieron su auto usado como parte de pago. Poco después, un conocido se interesó en comprarlo. Dada la amistad, aceptamos entregarle la documentación del vehículo antes de haber completado el cambio de nombre, con el entendimiento de que regresaría a formalizar el trámite en cuanto tuviera su documento de residencia en España que, según dijo, saldría en cuestión de semanas.
Entretanto, a los amigos que nos habían dejado ese coche usado les llegó una multa de tráfico y nos llamaron muy alarmados porque el coche seguía circulando a su nombre. Les aseguramos que solucionaríamos el problema de inmediato, así que pagamos las sanciones que se debían a estacionamiento en lugares prohibidos, y enseguida nos pusimos en contacto con nuestro cliente para dar término al trámite pendiente. Concretar esto tomó varias semanas, y cuando los llamamos para confirmar que el trámite estaba en marcha, nos enteramos de que habían puesto el caso en manos de un abogado, quien había hecho la denuncia en el juzgado, por lo que mi esposo recibiría una citación para ir a declarar.
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